El 27 de marzo de 2021, un equipo de Televisión Nacional de Chile fue emboscado por desconocidos en la ruta que une Tirúa y Cañete (Provincia de Arauco, Región del Bío Bío), en el contexto de una entrevista que pretendían realizar a Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Ninguna organización se adjudicó la emboscada. Aunque inicialmente algunos medios de prensa atribuyeron la responsabilidad a la CAM, esta organización y comunidades articuladas en la Franja Lavkenche, desmintieron las interpretaciones oficiales. La CAM, a través de un comunicado del 30 de marzo del 2021, sostuvo que “la responsabilidad en torno a este hecho recae en gente Mapuche y no Mapuche vinculada a la (empresa) forestal Mininco”.  Apuntó, específicamente, a personas que “prestan servicios a esta forestal y que desde el último tiempo se vienen organizando y armando con los recursos que les brinda esta empresa”. En el mismo tenor, la Franja Lavkenche declaró el 31 de marzo que “hoy la prensa apunta sus sospechas a la resistencia como autores del hecho sin hacer comentarios sobre el rol que Mininco ha jugado en el conflicto”, remarcando el intervencionismo de esta empresa en las comunidades con el fin de paramilitarizar el territorio.

Estos antecedentes revelan el protagonismo de las empresas forestales en el conflicto territorial y sus acciones para generar adhesión, dividir y cooptar comunidades y dirigentes en las zonas de conflicto. La propia Mininco, una subsidiaria de la compañía multinacional chilena CMPC, reconoció públicamente que desarrollan diversas iniciativas de trabajo conjunto y “emprendimiento” con algunas comunidades y dirigentes en la Provincia de Arauco.

A poco más dos meses del ataque a los periodistas, el 9 de julio, la empresa forestal Mininco-CMPC ha vuelto a ser protagonista. Pero esta vez a raíz del asesinato del joven mapuche Pablo Marchant, militante de la CAM, tras recibir un disparo en su cabeza por parte de un carabinero que prestaba resguardo policial a las faenas de Forestal Mininco en el Fundo Santa Ana-Tres Palos (Carahue, Región de la Araucanía).

Estos dramáticos sucesos recientes no solo revelan el protagonismo de las empresas forestales en el conflicto territorial, sino que también permiten examinar una tendencia estructural que actualmente está marcha en Wallmapu. En respuesta al aceleramiento y masificación de las recuperaciones territoriales que se ha producido, tras el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, desde 2018 —sólo comparable con las recuperaciones durante la reforma agraria en las décadas de 1960 y 1970—, vivimos un reacomodo de la matriz colonial y capitalista en territorio mapuche.

Este reacomodo se expresa en dos grandes tendencias que son analizadas en esta columna. Por una parte, en la reproducción del capital extractivo, en particular forestal, y de su búsqueda de legitimación territorial a través de una mayor participación de comunidades en las cadenas de producción, la promoción de un discurso enfocado en la tolerancia intercultural, la sostenibilidad y el emprendimiento indígena. Por otra parte, a través de una estrategia de contrainsurgencia que actualmente está construyendo un escenario artificial asociado a la existencia de redes de narcoterrorismo en comunidades emblemáticas de la resistencia mapuche, para expandir y consolidar el poder terrateniente y corporativo trasnacional en los territorios.

LÓGICAS DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL, ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE Y REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL

Como otros pueblos indígenas de Abiayala (lo que hoy conocemos como América), la vida e historia mapuche están profundamente conectadas con su territorio. Esto cambió radicalmente desde mediados del siglo XIX, a causa de las campañas de ocupación militar y civil denominadas eufemísticamente como “Conquista del Desierto” en Argentina, “Pacificación de la Araucanía” y “Colonización de las Provincias de Valdivia y Llanquihue” en Chile.

Esa ocupación sentó las bases del actual colonialismo de asentamiento en Wallmapu, fenómeno que gira en torno al acaparamiento y control de la tierra, producto de lo cual los mapuche fueron reducidos al 5% de su superficie original. Si bien estas dinámicas se enmarcan en un ciclo de colonización global, donde capitales internacionales y Estados en formación se expandieron sobre territorios de pueblos indígenas, produciendo genocidios sólo comparables a la conquista y colonización europea en Abiayala durante los siglos XVI y XVII, algunas de las lógicas que las propiciaron siguen latentes en Wallmapu.

En la geografía contemporánea del despojo participan diversos actores: una etno-clase política y empresarial, aparatos de seguridad pública y privada, medios de comunicación masiva, gremios terratenientes, capitales nacionales e internacionales con inversiones en el rubro energético, turístico, inmobiliario, agro-ganadero, minero y acuícola, entre otros. No obstante, uno de los protagonistas es el empresariado forestal, cuyas inversiones y plantaciones de pinus radiata y eucaliptus, industrias de celulosa y papel que se exportan principalmente a China, Europa, Estados Unidos y Canadá, se asientan en las regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La relevancia del empresariado forestal en el conflicto es crucial, pues son los principales propietarios de tierras despojadas a los mapuche desde el siglo XIX. Tierras que durante el siglo XX fueron reivindicadas mediante vías institucionales y la acción directa de comunidades, arrastrando un conflicto histórico que se ha agudizado durante los gobiernos democráticos (años 90 en adelante) que profundizaron el extractivismo y el modelo neoliberal en Chile.

La constitución de la propiedad privada forestal se produjo durante la dictadura cívico-militar (1973-1990) con la adquisición, vía remate a bajo precio, de tierras mapuche e industrias de celulosa de propiedad estatal. Este proceso se reforzó con el subsidio y la bonificación pública de plantaciones de monocultivo forestal (Decreto de Ley Nº 701), promovido por la dictadura y los posteriores gobiernos democráticos, que entregaron incentivos del 75% de los costos de los monocultivos y eximió de impuesto territorial a sus propietarios. Entre 1974 y 2013, el Estado entregó US$875.000.000 a través del Decreto de Ley 701, de los cuales cerca de U$600.000.0000, aproximadamente un 70%, se destinaron a las dos principales empresas forestales: Arauco y Mininco.

La acumulación de tierras por parte de empresas forestales se puede dimensionar al comparar la superficie que cubren sus plantaciones, con la compra de tierras realizada por el Estado chileno para comunidades mapuche desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Por ejemplo, en 1997 la industria forestal poseía una superficie total de un poco más de 2 millones de hectáreas; en contraste, CONADI solo había comprado aproximadamente 2 mil hectáreas desde su creación en 1994. El panorama no era muy diferente 18 años más tarde. De hecho, la industria forestal había adquirido en el año 2015 un total de casi 3 millones de hectáreas. En cambio, CONADI sólo había entregado poco más de 209 mil hectáreas a las comunidades indígenas entre los años 1994 y 2015. Es decir, la compra de tierras del Estado para las comunidades representa sólo el 6% del territorio adquirido por la industria forestal.

Figura 1:

Crecimiento de la industria forestal versus la compra de tierras realizadas por la CONADI

Fuente: Estimaciones realizadas por los autores basadas en datos de Corporación Nacional Forestal y Mapuche Data Project.

El empresariado defiende la propiedad legal sobre las tierras robadas, enfatiza en la supuesta contribución del monocultivo forestal a la mitigación del cambio climático con la captura de carbono y dice aportar al crecimiento económico. Pero el extractivismo forestal profundiza la matriz colonial y capitalista que es nociva para la mapuche mongen (múltiples vidas humanas y no humanas en el territorio). Esto se ha expresado en la pérdida de la biodiversidad; la deforestación del bosque nativo; la disminución y contaminación de las aguas; el aumento en el uso de pesticidas; el deterioro de la infraestructura pública; el aumento de la pobreza y la desigualdad; la diversificación en las formas de explotación racial sobre la fuerza de trabajo; así como el protagonismo del empresariado en la estrategia contrainsurgente que militariza las comunidades, asesina y encarcela líderes, lideresas, autoridades tradicionales, weichafe (luchadores y luchadoras mapuche) y violenta estratégicamente a mujeres, niños y ancianos que son actores protagónicos en defensa y proyección de la vida.

Los efectos catastróficos del monocultivo forestal también impactan negativamente en la disponibilidad de agua para el consumo humano, agrícola y ganadero de las comunidades campesinas chilenas empobrecidas. Esto obliga a los habitantes de zonas rurales a emigrar por la imposibilidad de reproducir la vida en el campo, acentuándose el proceso de descampesinización e incorporación precaria de personas al trabajo urbano informal, racializado y superexplotado.

De esta forma, las disputas por el territorio no sólo movilizan a comunidades con una tradición histórica de lucha. También nuclean a una nueva generación que nació reducida en sus tierras, empobrecida y segregada en ciudades por los desplazamientos forzados de sus familias en el siglo XX y XXI. Es la generación de la diáspora que retorna con una mayor conciencia política de pertenecer a un pueblo despojado y colonizado.

En este contexto, las recuperaciones territoriales se masifican. La conciencia de que el genocidio no es parte del pasado, sino que está en marcha, moviliza a comunidades. En respuesta, la matriz colonial y capitalista se reacomoda en territorio mapuche. En lo fundamental, este reacomodo profundiza la lógica de eliminación del pueblo-nación mapuche como sujeto colectivo y el sometimiento colonial basado en: a) el reconocimiento, la integración y la participación mapuche en los engranajes del sistema político estatal y de las iniciativas económicas extractivistas; b) una estrategia de contrainsurgencia colonial que opera mediante la represión de la resistencia, la militarización de las comunidades y, durante el último tiempo, con la instalación de una narrativa narcoterrorista sobre los territorios más organizados.

La primera tendencia, contextualizada en el actual proceso de redacción de una nueva Constitución y la apuesta por la plurinacionalidad del Estado, se constata en una creciente adhesión y praxis del empresariado forestal hacia una mayor “tolerancia intercultural”, la cual se expresa en sus iniciativas de emprendimiento capitalistas e indigenistas en comunidades, que en algunos casos son mediatizadas por instituciones estatales para legitimar su presencia en territorios en conflicto.

Esta tendencia se valida en la responsabilidad social empresarial (RSE) y en las certificaciones de la Forest Stewardship Council, pero se acentúa en el marco del aceleramiento y masificación de las recuperaciones territoriales mapuche. De esta forma, el discurso y praxis del empresariado forestal perfila un modelo de producción con mayor protagonismo indígena en la reproducción del capital en sus propios territorios. Dinámica que se produce en un contexto global más amplio de transición hegemónica capitalista a escala global, marcado por el ascenso y protagonismo de China como potencia económica y uno de los principales destinos de las exportaciones forestales, en tanto hacia dicho país se dirige el 29% de las exportaciones en este rubro (seguido de Estados Unidos con un 21%).

En términos discursivos, esta tendencia se ilustra en recientes declaraciones del empresariado forestal. El 5 de marzo de 2021, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), gremio que agrupa a los principales sectores productivos de Chile, señaló: “ellos (los mapuche) ponen las tierras, mientras que nosotros ponemos la tecnología y el asesoramiento, (mientras que) el Estado también participa a través de los subsidios”.

Una mayor apertura a lo mapuche también expresaron los dueños y representantes de CMPC. Primero, Bernardo Matte, principal accionista de CMPC, señaló el 15 de septiembre de 2018: “Lo que tenemos que hacer es mapuchizarnos más”. Segundo, Luis Felipe Gacitúa, actual presidente de CMPC, en noviembre de 2020, sostuvo que “estamos en plenas conversaciones con las comunidades para que tengan sus propias plantaciones y que se las vendan a CMPC”. Como supuesto gesto de inclusión, CMPC también comenzó a implementar el “Programa Intercultural Raíz, acercándonos al Pueblo Mapuche”, que consiste en acercar a los trabajadores de la empresa, a la historia y cultura mapuche.

Los rasgos que caracterizan este modelo forestal están dados por la apertura empresarial a una participación de comunidades mediante la contratación de servicios, la forestación de suelos con especies de árboles nativos y la promoción de una lógica empresarial indígena. En este despliegue, se busca reforzar la hegemonía mediante la producción de consenso para desmovilizar recuperaciones territoriales actuales o futuras. Como parte de esta estrategia, incluso, algunas empresas se abren a la venta de tierras usurpadas, mediante acuerdos que aseguren la producción del monocultivo forestal ante una mayor demanda del mercado mundial.

El reconocimiento y el mayor protagonismo indígena perpetúa el lugar socio-racial subordinado que deben ocupar los indígenas en la gobernabilidad colonial y capitalista. Es decir, con la inclusión laboral de familias mapuche que antes reivindicaban territorios hay un giro, porque ahora pasan a ser los indígenas tolerados y, a la vez, los indígenas subordinados.

Por otra parte, cuando la construcción de consensos a través del reconocimiento y la participación indígena en el negocio forestal es insuficiente, el reacomodo de la matriz colonial y capitalista avanza en el terreno de la dinámica coercitiva. Concretamente, mediante una estrategia de contrainsurgencia que recientemente se legitima en una narrativa narcoterrorista sobre los territorios más organizados para aislarlos y socavar sus bases de apoyo.

La construcción de la narrativa del narcoterrorismo mapuche surge el año 2020, pero su genealogía está en el discurso del terrorismo y la criminalización impulsado por los gobiernos democráticos, y en la ideología colonial que sustentó la ocupación en el siglo XIX con la construcción de los mapuche como “indios bárbaros”. De esta manera, tal narrativa es parte de la estrategia actual de contrainsurgencia colonial que busca aislar expresiones de la resistencia mapuche que no pueden ser contenidas o gobernadas por las medidas institucionales de consenso.

Esta narrativa ha sido denunciada por expresiones de los movimientos de recuperación territorial, que advierten su uso para legitimar la intervención con militares en los territorios en lucha. La fragilidad de esta narrativa se devela si prestamos atención a los datos. Según información del Ministerio Público sobre las incautaciones de drogas entre 2015 y 2019, en comparación a 16 regiones que componen la división política-administrativa en Chile, la región de La Araucanía sólo ocupa el puesto número 11 en las incautaciones de cocaína. Y en relación con los decomisos de marihuana, la región ocupa el puesto número 9.

Figura 2:

Confiscación de drogas por regiones entre 2015 al 2019.

Fuente: Ministerio Público de Chile

Si se compara las incautaciones de drogas ocurridas en La Araucanía con el sector oriente de la capital, la evidencia es clara. En las comunas más acomodadas del país, se incautaron un total de 333 kilos de cocaína en el periodo 2015-2019; en cambio, en La Araucanía, el total de cocaína requisada llegó a los 227 kilos, es decir, 106 kilos menos. La diferencia aumenta si controlamos por número de habitantes, pues en el sector oriente de la capital los decomisos de cocaína fueron de 34 kilos de cocaína por cada 100 mil habitantes versus 22 kilos en La Araucanía. Entonces, ¿por qué el gobierno no ha puesto más atención y destinado más recursos para combatir el narcotráfico en Vitacura o Lo Barnechea?

Otro ejemplo del divorcio entre la evidencia y el accionar del gobierno, lo refleja la mega operación antidrogas efectuada en Temucuicui, el 7 de enero. La PDI desplegó 850 funcionarios y declararon haber incautado aproximadamente 1.200 plantas de marihuana. La noticia fue difundida masivamente por el gobierno, diarios, noticieros y las redes sociales. En contraste, un día después del operativo de la PDI en La Araucanía, en Zapallar se obtuvieron 3.602. A pesar de que la cantidad de plantas decomisadas fue tres veces mayor a la cantidad requisada en la Araucanía, la noticia no fue del interés de los medios, ni tuvo atención del gobierno. ¿Por qué? Nuestro argumento es que el gobierno y el empresariado (ver declaraciones de Juan Sutil), intentan vincular al movimiento mapuche con el narcotráfico por dos razones concretas.

Primero, se busca deslegitimar la causa mapuche frente a la opinión pública (nacional e internacional), que crecientemente apoya sus reivindicaciones y que confronta activamente a la industria extractivista en la zona. Segundo, permite desviar la atención pública sobre el rol de la industria forestal, que es controlada por dos de las familias más poderosas del país (Angelini y Matte), sobre un punto central de las demandas del movimiento mapuche: la tierra y el territorio. Es la industria forestal, la que controla el mercado de la tierra y posee buena parte de las áreas demandadas por las comunidades. Desvincular a la industria forestal y su rol en el “conflicto” es lo que necesita el empresariado.

En el Chile actual, donde la élite política y económica están siendo cuestionadas, no es el momento de subir al balcón de los acusados a la élite empresarial, cuando se discuten las reglas del juego (es decir, una nueva Constitución). Entonces, es mejor hacer de esto una discusión sobre narcotráfico que se basa en prejuicios y estereotipos más que en datos o evidencia.

Otro aspecto que se ha intentado instaurar en la opinión pública, ha sido la idea que existiría gran cantidad de armas en la zona. Sin embargo, si analizamos los datos reportados por el Centro de Estudios y Análisis del Delito sobre infracciones a la ley de armas en Chile durante el año 2019, los resultados contradicen esta narrativa. Por ejemplo, la  figura 3 muestra cómo en comparación con el resto de las regiones del país (16), la región de La Araucanía es la zona con menor tasa de infracciones a la ley de armas por cada 100 mil habitantes.

Figura 3:

Infracciones a la ley de armas por regiones 2019

Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito CEAD.

En síntesis, la narrativa narcoterrorista, y la ausencia de evidencia empírica que la sustente, expresa el avance de la lógica coercitiva de la matriz colonial y capitalista, cuando el reconocimiento y la participación indígena es insuficiente.

A MODO DE CIERRE

Las élites empresariales del rubro forestal, con el patrocinio de los gobiernos chilenos, actualizan el sometimiento de la lucha en el Wallmapu con el fin de avanzar en la eliminación gradual del pueblo-nación mapuche como sujeto político colectivo y, así, asegurar la reproducción del capital en sus territorios. Esto se materializa en dos grandes tendencias. Por un lado, en la articulación de iniciativas económicas extractivistas impulsadas por empresas forestales, como planes de desarrollo local y encubiertas con un discurso de emprendimiento e interculturalidad. Por otro lado, cuando esta forma de control social es insuficiente, y la acumulación de capital sigue amenazada por las recuperaciones territoriales, se articula una estrategia de contrainsurgencia colonial. Esta busca la represión de las comunidades en resistencia a través de la criminalización y militarización, y últimamente, el establecimiento artificial de un escenario narcoterrorista en las zonas emblemáticas de la lucha mapuche.

Pese a estas tendencias en curso, las recuperaciones territoriales siguen masificándose en distintos puntos del Wallmapu. Ante la nocividad que representa para la mapuche mongen el reacomodo de esta matriz colonial y capitalista, así como la expansión y consolidación del capital corporativo y extractivo amparado en la narrativa de guerra contra el narcoterrorismo, cotidianamente diversas comunidades avanzan en el control de sus tierras usurpadas, revirtiendo esta lógica de eliminación y proponiendo una alternativa de vida a muchas familias mapuche empobrecidas. Las recuperaciones territoriales hacen resurgir y proyectar la mapuche mongen, sustentada en una historia milenaria de reciprocidad con el territorio y las múltiples vidas que en este coexisten.

Esta dimensión mapuche de comprender la vida, la historia y la lucha contra el colonialismo y el capitalismo, resuena y conecta también con las luchas de otros pueblos indígenas en Abiayala y en el mundo.